20/12/2022
Por Mariana Campos y Jorge Cano
MÉXICO EVALÚA
III de III Partes
4. PÉRDIDAS MILLONARIAS POR COMBUSTIBLES Y… POR PEMEX
El Gobierno federal tiene a la austeridad como bandera, pero en 2022 no ha tenido reparos en derrochar recursos para contener el precio de las gasolinas y apoyar a Pemex mediante transferencias directas y reducción de impuestos. Lo pagamos todos: tan sólo de enero a septiembre, el Gobierno ha tenido una pérdida fiscal de 399 mmdp por dichos conceptos, similar al gasto de la Secretaría de Educación.
El primer boquete para las finanzas públicas lo ha representado el aumento de estímulos al IEPS de combustibles, que comenzó en enero de este año, y al que se sumó, en marzo, la aplicación de estímulos complementarios, que en la práctica han fungido como subsidios para el control de precios.
En teoría, este gasto fiscal sería compensado por una mayor recaudación petrolera, pero la realidad ha sido otra. Al mes de septiembre los ingresos petroleros del Gobierno federal sumaron 419 mmdp, 81% (187 mmdp) más que en el mismo periodo de 2021, pero sólo 50% (140.5 mmdp) por encima del calendario. En el mismo periodo, el IEPS de combustibles acumula un monto negativo[3] de -85.7 mmdp; es decir, está 316.4 mmdp por debajo de lo calendarizado. En suma, los excedentes petroleros (140.5 mmdp) son inferiores a los faltantes del IEPS (-316.4 mmdp) en 175.8 mmdp, monto similar al presupuesto para 2022 de la Secretaría de Salud (193.9 mmdp).
La segunda pérdida fiscal, o formalmente un costo de oportunidad, han sido las transferencias financieras a Pemex realizadas desde la Secretaría de Energía. Al mes de septiembre estos recursos suman 108 mmdp, una reducción de 40% (73 mmdp) frente a 2021. No obstante, dicho monto ya es superior en 139% (63 mmdp) a las transferencias autorizadas para Pemex por el Congreso para todo 2022. Hacienda sigue modificando a discreción el presupuesto con tal de apoyar a la petrolera, como lo hemos señalado puntualmente.
Finalmente, por la disminución del cobro del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) –el principal impuesto que se le cobra a Pemex–, estimamos una pérdida de 116 mmdp al mes de septiembre, monto similar al presupuesto anual de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (104 mmdp). Hay que recordar que de 2019 a 2022 el DUC pasó de 65% a 40%, provocando una disminución de la renta petrolera del Gobierno federal, como explicamos en este artículo a detalle.
Si sumamos las transferencias que el Gobierno federal le hace a Pemex desde la Secretaría de Energía (108 mmdp) a la pérdida del DUC (116 mmdp), de enero a septiembre de 2022 el apoyo fiscal total a Pemex ya asciende a 225 mmdp. Además, si se consideran las pérdidas netas por la política de estímulos a las gasolinas (175 mmdp), el derroche fiscal asciende a 399 mmdp, monto superior al presupuesto de la SEP (364 mmdp).
Las políticas descritas no tienen pies ni cabeza, fiscalmente hablando. Los subsidios para contener el precio de las gasolinas benefician más a las personas de mayores ingresos, y su impacto en la contención de la inflación es limitado. Por su parte, se ha reducido el DUC sin exigir a cambio un mejoramiento en la gobernanza de la empresa, y sin que el Gobierno federal busque compensar dicha renuncia fiscal con otros ingresos, lo que termina redundando en recortes a programas y servicios para la población. Finalmente, por las transferencias a Pemex el Gobierno federal prácticamente ha llegado a renunciar a los ingresos petroleros.
En 2021 el apoyo fiscal a Pemex ascendió a 481 mmdp, casi medio billón de pesos en solo un año, suficientes para fondear el presupuesto de la secretaría del Bienestar, Salud y Seguridad y Protección Ciudadana juntos. Si bien en 2022 el apoyo fiscal a Pemex es menor, la política de contención de precios de las gasolinas ha incrementado el boquete presupuestario del Gobierno, por lo que es probable que en 2022 la pérdida fiscal supere la del año pasado.
Y todo ese apoyo, ¿para qué? La plataforma de producción de petróleo de Pemex en 2022 promedia 1,622 miles de barriles diarios, la peor cifra desde 1979, según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En efecto, la producción de Pemex no ha podido repuntar; eso quiere decir que incluso con precios del petróleo en niveles no vistos en varios años, el Gobierno tiene pérdidas recaudatorias.
Desgraciadamente, el nivel de producción tiene pocos visos de recuperarse, pues la inversión física de Pemex al tercer trimestre acumula sólo 233 mmdp, el mejor nivel desde 2017, pero muy por debajo de los niveles promedio de 2009 a 2016.
5. LOS FIDEICOMISOS SE AGOTAN, EXCEPTO LOS DEL EJÉRCITO
Los recursos depositados en fideicomisos, o ´guardaditos´ del Gobierno, ha ido desapareciendo en la actual administración, a excepción de aquéllos manejados por las Fuerzas Armadas. De los 1.06 billones que se tenían al tercer trimestre (3T) de 2018, al mismo periodo de 2022 sólo quedan 432.5 mmdp, menos de la mitad. Por el contrario, el saldo de los fideicomisos manejados por la Sedena pasó de 8.7 mmdp a 34.4 mmdp, casi cuatro veces más de lo que había a finales del sexenio pasado.
Vamos por partes. Entre septiembre del 2018 y septiembre de 2022, el Gobierno ha liquidado 634 mmdp de los fideicomisos para financiar sus obras o limitar el endeudamiento. Este monto es más de tres veces lo que se destinó a Salud para 2023. En la mayoría de los casos, los recursos de estos instrumentos fueron contabilizados como ‘aprovechamientos’, y su destino fue incierto.
De los 10 fideicomisos con mayores recursos a disponibilidad a finales del sexenio pasado, el top tres lo ocupaban el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) y el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), con un monto de 301 mmdp, 140 mmdp y 114 mmdp, respectivamente.
El FEIP fue prácticamente agotado, a causa la desaceleración de la actividad económica en 2019 y la crisis por la pandemia de 2020. Lo anterior no es negativo, pues para eso son los fondos de estabilización; el problema es que no se han tomado las medidas necesarias para recapitalizarlo, como hemos señalado.
Por su parte, el fideicomiso del NAIM fue utilizado para pagar a los acreedores, luego de la cancelación del proyecto, mientras que el Fonsabi sufrió modificaciones a partir de una reforma legal, lo que permitió que sus recursos se usaran para pagar gasto corriente, como lo hemos descrito. Al tercer trimestre, el FEIP cuenta con sólo 25.5 mmdp, el Fonsabi con 45.9 mmdp y el instrumento del NAIM ya fue agotado y extinto.
Para septiembre de 2022, el fideicomiso con más recursos era el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con 48.5 mmdp, monto muy superior a los 9 mmdp que reportó en 2018. Le sigue el Fonsabi, a pesar de que los 45.9 mmdp que posee no son ni la mitad de lo observado al cierre del sexenio pasado. Ya en tercer lugar se encuentra el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con una disponibilidad de 32.4 mmdp, cinco veces más de los 6.2 mmdp que tenía al 3T de 2018.
La nueva composición de los principales fideicomisos tiene la marca de la nueva administración. En primer lugar, el Fonadin ha sido fortalecido porque a partir de finales de 2021[4] puede fondear proyectos del sector energético (Pemex). A inicios de 2022 incluso le otorgó a la petrolera 22 mmdp para el pago de la refinería Deer Park.
Luego tenemos el fideicomiso militar a cargo de la Sedena, que refleja la estrecha relación que existe actualmente entre el Ejecutivo y el Ejército. El fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar está destinado a cubrir erogaciones de adquisiciones de equipo militar, como su nombre lo indica, pero también para la contratación de obra pública. A partir de este instrumento se financió parte del Aeropuerto Felipe Ángeles, según la ASF. La misma auditoría identificó omisiones en la contabilidad del fideicomiso y falta de transparencia en las compras de la mencionada obra prioritaria.
No está de más mencionar que la Sedena cuenta con programas presupuestarios que se superponen a los objetivos del fideicomiso, como el programa K019, Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, o el programa K027, Mantenimiento de Infraestructura. Es decir, la Sedena y el Ejecutivo han optado por usar fideicomisos en lugar de programas presupuestarios, lo que ha limitado la transparencia en el ejercicio de los recursos. Al tercer trimestre de 2022 el principal fideicomiso de la Sedena tiene un monto de 32.4 mddp, lo que indica que seguirá siento un ´presupuesto paralelo´ para las obras de infraestructura insignia.
Además del fideicomiso de equipo militar, la Sedena cuenta con otros tres instrumentos: el Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos, que al tercer trimestre tenía 161.5 mdp; el Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial, con 8.2 mdp, y el Contrato de Mandato para el Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones, con 1.8 mmdp. En conjunto, suman 2.2 mmdp, apenas el 6.3% del total de los instrumentos controlados por la Sedena. Es decir, el fideicomiso enfocado al desarrollo de infraestructura es el de mayor importancia, no aquéllos destinados al personal del Ejército.
Además de estos fideicomisos, a partir de mayo de este año las Fuerzas Armadas tomaron el control de la operación de las 50 aduanas en México. Por consiguiente, pasaron a gestionar el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación, estipulado en el artículo 16 de la Ley Aduanera. Al segundo trimestre de 2022, dicho fideicomiso tenía una disponibilidad de 89 mmdp, pero al tercer trimestre sólo tiene una disponibilidad 16.8 mmdp. O sea, se agotó el 83% (81.3 mmdp) de sus recursos en sólo tres meses.
Según las filtraciones del grupo Guacamaya[7], dichos recursos van a parar en la construcción de obras prioritarias, y una mínima parte a la mejora de las aduanas. Ante la falta de transparencia del fideicomiso, no hay manera de saber de forma oficial en qué se gastó este dinero el Ejército, a menos de que la ASF le aplique una auditoría el próximo año. No obstante, parece verosímil que ante las limitaciones presupuestales y pérdidas recaudatorias, el Gobierno haya tenido que recurrir a este ‘guardadito’ para fondear sus obras insignia.
El costo de oportunidad de todas estos usos será menores recursos para el desarrollo de infraestructura en materia aduanal, el objetivo principal de tal fondo. Aunque hay que decir que dicho instrumento no era perfecto, pues fue catalogado como poco transparente por la ASF[8], y en 2007 se detectaron irregularidades por 10 mmdp. Incluso se dijo que funcionaba como un presupuesto paralelo para el SAT. En otras palabras, se han agotado de forma turbia los recursos de un fondo opaco: una ironía que es una tragedia para la ciudadanía.
MÉXICO EVALÚA
III de III Partes
4. PÉRDIDAS MILLONARIAS POR COMBUSTIBLES Y… POR PEMEX
El Gobierno federal tiene a la austeridad como bandera, pero en 2022 no ha tenido reparos en derrochar recursos para contener el precio de las gasolinas y apoyar a Pemex mediante transferencias directas y reducción de impuestos. Lo pagamos todos: tan sólo de enero a septiembre, el Gobierno ha tenido una pérdida fiscal de 399 mmdp por dichos conceptos, similar al gasto de la Secretaría de Educación.
El primer boquete para las finanzas públicas lo ha representado el aumento de estímulos al IEPS de combustibles, que comenzó en enero de este año, y al que se sumó, en marzo, la aplicación de estímulos complementarios, que en la práctica han fungido como subsidios para el control de precios.
En teoría, este gasto fiscal sería compensado por una mayor recaudación petrolera, pero la realidad ha sido otra. Al mes de septiembre los ingresos petroleros del Gobierno federal sumaron 419 mmdp, 81% (187 mmdp) más que en el mismo periodo de 2021, pero sólo 50% (140.5 mmdp) por encima del calendario. En el mismo periodo, el IEPS de combustibles acumula un monto negativo[3] de -85.7 mmdp; es decir, está 316.4 mmdp por debajo de lo calendarizado. En suma, los excedentes petroleros (140.5 mmdp) son inferiores a los faltantes del IEPS (-316.4 mmdp) en 175.8 mmdp, monto similar al presupuesto para 2022 de la Secretaría de Salud (193.9 mmdp).
La segunda pérdida fiscal, o formalmente un costo de oportunidad, han sido las transferencias financieras a Pemex realizadas desde la Secretaría de Energía. Al mes de septiembre estos recursos suman 108 mmdp, una reducción de 40% (73 mmdp) frente a 2021. No obstante, dicho monto ya es superior en 139% (63 mmdp) a las transferencias autorizadas para Pemex por el Congreso para todo 2022. Hacienda sigue modificando a discreción el presupuesto con tal de apoyar a la petrolera, como lo hemos señalado puntualmente.
Finalmente, por la disminución del cobro del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) –el principal impuesto que se le cobra a Pemex–, estimamos una pérdida de 116 mmdp al mes de septiembre, monto similar al presupuesto anual de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (104 mmdp). Hay que recordar que de 2019 a 2022 el DUC pasó de 65% a 40%, provocando una disminución de la renta petrolera del Gobierno federal, como explicamos en este artículo a detalle.
Si sumamos las transferencias que el Gobierno federal le hace a Pemex desde la Secretaría de Energía (108 mmdp) a la pérdida del DUC (116 mmdp), de enero a septiembre de 2022 el apoyo fiscal total a Pemex ya asciende a 225 mmdp. Además, si se consideran las pérdidas netas por la política de estímulos a las gasolinas (175 mmdp), el derroche fiscal asciende a 399 mmdp, monto superior al presupuesto de la SEP (364 mmdp).
Las políticas descritas no tienen pies ni cabeza, fiscalmente hablando. Los subsidios para contener el precio de las gasolinas benefician más a las personas de mayores ingresos, y su impacto en la contención de la inflación es limitado. Por su parte, se ha reducido el DUC sin exigir a cambio un mejoramiento en la gobernanza de la empresa, y sin que el Gobierno federal busque compensar dicha renuncia fiscal con otros ingresos, lo que termina redundando en recortes a programas y servicios para la población. Finalmente, por las transferencias a Pemex el Gobierno federal prácticamente ha llegado a renunciar a los ingresos petroleros.
En 2021 el apoyo fiscal a Pemex ascendió a 481 mmdp, casi medio billón de pesos en solo un año, suficientes para fondear el presupuesto de la secretaría del Bienestar, Salud y Seguridad y Protección Ciudadana juntos. Si bien en 2022 el apoyo fiscal a Pemex es menor, la política de contención de precios de las gasolinas ha incrementado el boquete presupuestario del Gobierno, por lo que es probable que en 2022 la pérdida fiscal supere la del año pasado.
Y todo ese apoyo, ¿para qué? La plataforma de producción de petróleo de Pemex en 2022 promedia 1,622 miles de barriles diarios, la peor cifra desde 1979, según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En efecto, la producción de Pemex no ha podido repuntar; eso quiere decir que incluso con precios del petróleo en niveles no vistos en varios años, el Gobierno tiene pérdidas recaudatorias.
Desgraciadamente, el nivel de producción tiene pocos visos de recuperarse, pues la inversión física de Pemex al tercer trimestre acumula sólo 233 mmdp, el mejor nivel desde 2017, pero muy por debajo de los niveles promedio de 2009 a 2016.
5. LOS FIDEICOMISOS SE AGOTAN, EXCEPTO LOS DEL EJÉRCITO
Los recursos depositados en fideicomisos, o ´guardaditos´ del Gobierno, ha ido desapareciendo en la actual administración, a excepción de aquéllos manejados por las Fuerzas Armadas. De los 1.06 billones que se tenían al tercer trimestre (3T) de 2018, al mismo periodo de 2022 sólo quedan 432.5 mmdp, menos de la mitad. Por el contrario, el saldo de los fideicomisos manejados por la Sedena pasó de 8.7 mmdp a 34.4 mmdp, casi cuatro veces más de lo que había a finales del sexenio pasado.
Vamos por partes. Entre septiembre del 2018 y septiembre de 2022, el Gobierno ha liquidado 634 mmdp de los fideicomisos para financiar sus obras o limitar el endeudamiento. Este monto es más de tres veces lo que se destinó a Salud para 2023. En la mayoría de los casos, los recursos de estos instrumentos fueron contabilizados como ‘aprovechamientos’, y su destino fue incierto.
De los 10 fideicomisos con mayores recursos a disponibilidad a finales del sexenio pasado, el top tres lo ocupaban el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) y el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), con un monto de 301 mmdp, 140 mmdp y 114 mmdp, respectivamente.
El FEIP fue prácticamente agotado, a causa la desaceleración de la actividad económica en 2019 y la crisis por la pandemia de 2020. Lo anterior no es negativo, pues para eso son los fondos de estabilización; el problema es que no se han tomado las medidas necesarias para recapitalizarlo, como hemos señalado.
Por su parte, el fideicomiso del NAIM fue utilizado para pagar a los acreedores, luego de la cancelación del proyecto, mientras que el Fonsabi sufrió modificaciones a partir de una reforma legal, lo que permitió que sus recursos se usaran para pagar gasto corriente, como lo hemos descrito. Al tercer trimestre, el FEIP cuenta con sólo 25.5 mmdp, el Fonsabi con 45.9 mmdp y el instrumento del NAIM ya fue agotado y extinto.
Para septiembre de 2022, el fideicomiso con más recursos era el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con 48.5 mmdp, monto muy superior a los 9 mmdp que reportó en 2018. Le sigue el Fonsabi, a pesar de que los 45.9 mmdp que posee no son ni la mitad de lo observado al cierre del sexenio pasado. Ya en tercer lugar se encuentra el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con una disponibilidad de 32.4 mmdp, cinco veces más de los 6.2 mmdp que tenía al 3T de 2018.
La nueva composición de los principales fideicomisos tiene la marca de la nueva administración. En primer lugar, el Fonadin ha sido fortalecido porque a partir de finales de 2021[4] puede fondear proyectos del sector energético (Pemex). A inicios de 2022 incluso le otorgó a la petrolera 22 mmdp para el pago de la refinería Deer Park.
Luego tenemos el fideicomiso militar a cargo de la Sedena, que refleja la estrecha relación que existe actualmente entre el Ejecutivo y el Ejército. El fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar está destinado a cubrir erogaciones de adquisiciones de equipo militar, como su nombre lo indica, pero también para la contratación de obra pública. A partir de este instrumento se financió parte del Aeropuerto Felipe Ángeles, según la ASF. La misma auditoría identificó omisiones en la contabilidad del fideicomiso y falta de transparencia en las compras de la mencionada obra prioritaria.
No está de más mencionar que la Sedena cuenta con programas presupuestarios que se superponen a los objetivos del fideicomiso, como el programa K019, Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, o el programa K027, Mantenimiento de Infraestructura. Es decir, la Sedena y el Ejecutivo han optado por usar fideicomisos en lugar de programas presupuestarios, lo que ha limitado la transparencia en el ejercicio de los recursos. Al tercer trimestre de 2022 el principal fideicomiso de la Sedena tiene un monto de 32.4 mddp, lo que indica que seguirá siento un ´presupuesto paralelo´ para las obras de infraestructura insignia.
Además del fideicomiso de equipo militar, la Sedena cuenta con otros tres instrumentos: el Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos, que al tercer trimestre tenía 161.5 mdp; el Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial, con 8.2 mdp, y el Contrato de Mandato para el Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones, con 1.8 mmdp. En conjunto, suman 2.2 mmdp, apenas el 6.3% del total de los instrumentos controlados por la Sedena. Es decir, el fideicomiso enfocado al desarrollo de infraestructura es el de mayor importancia, no aquéllos destinados al personal del Ejército.
Además de estos fideicomisos, a partir de mayo de este año las Fuerzas Armadas tomaron el control de la operación de las 50 aduanas en México. Por consiguiente, pasaron a gestionar el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación, estipulado en el artículo 16 de la Ley Aduanera. Al segundo trimestre de 2022, dicho fideicomiso tenía una disponibilidad de 89 mmdp, pero al tercer trimestre sólo tiene una disponibilidad 16.8 mmdp. O sea, se agotó el 83% (81.3 mmdp) de sus recursos en sólo tres meses.
Según las filtraciones del grupo Guacamaya[7], dichos recursos van a parar en la construcción de obras prioritarias, y una mínima parte a la mejora de las aduanas. Ante la falta de transparencia del fideicomiso, no hay manera de saber de forma oficial en qué se gastó este dinero el Ejército, a menos de que la ASF le aplique una auditoría el próximo año. No obstante, parece verosímil que ante las limitaciones presupuestales y pérdidas recaudatorias, el Gobierno haya tenido que recurrir a este ‘guardadito’ para fondear sus obras insignia.
El costo de oportunidad de todas estos usos será menores recursos para el desarrollo de infraestructura en materia aduanal, el objetivo principal de tal fondo. Aunque hay que decir que dicho instrumento no era perfecto, pues fue catalogado como poco transparente por la ASF[8], y en 2007 se detectaron irregularidades por 10 mmdp. Incluso se dijo que funcionaba como un presupuesto paralelo para el SAT. En otras palabras, se han agotado de forma turbia los recursos de un fondo opaco: una ironía que es una tragedia para la ciudadanía.
