05/12/2022
El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
El presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus aliados políticos montaron toda una campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE); lo hicieron aduciendo lo costoso que resulta ese organismo, señalando que el árbitro electoral no es imparcial y que los procesos electorales son injustos. Por ello presentaron una reforma constitucional electoral cuya intención era desaparecer el INE y que las elecciones volvieran a ser organizadas por el gobierno.
Eso no solamente es una regresión negativa; implica volver a las dudas sobre la limpieza de los comicios e implica que el gobierno sería juez y parte en los comicios electorales, pero además, al pasar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación es darle al gobierno en turno el control de los electores.
En su existencia como árbitro electoral, el INE ha organizado más de 300 procesos electorales, todos se resolvieron por la vía institucional, eso permitió que ahora la alternancia política se convirtiera en una regla y que el partido gobernante gane una de cada tres elecciones.
Es decir, el INE garantiza que los procesos electorales sean confiable y que los votos ciudadanos se cuenten bien y que cuenten, es decir que tengan el peso específico de la voluntad plasmada por los electores al cruzar las boletas.
El único gran escándalo que marcó la capacidad organizativa del INE fue la elección del 2006 y fue producto del coraje del ahora presidente López Obrador, tras perder la elección presidencial por un estrecho margen.
Sin embargo, estos que ahora buscan desaparecer al instituto electoral gobiernan gracias al proceso electoral sin mancha que organizaron el 2018 y a que el conteo de votos fue tan pulcro que le permitió a López Obrador asumir la presidencia de la República.
Si hay una institución que tiene la confianza de los ciudadanos es precisamente el INE. Al menos un 70 por ciento expresa que confían en los procesos que organiza; están convencidos de que sus votos serán bien contados y entienden que ejercer su derecho al voto garantiza transiciones democráticas apegadas a la legalidad.
El gran argumento del gobierno del presidente es que el INE resulta muy costoso; sin embargo ese precio que se paga por procesos electorales deriva de todos los candados que los propios partidos políticos han ido imponiendo para que la autonomía de la institución sea la punta de lanza para elecciones creíbles y equitativas.
Mucho se ha dicho que el INE es costoso, lo cierto es que su presupuesto ha venido a la baja: el 2021 ejercieron 20 mil millones de pesos, este 2022 su presupuesto fue de 13 mil 914 millones de pesos, una reducción de poco más de 6 mil millones de pesos y con una consulta nacional promovida por el Presidente de la República y que además de costosa fue innecesaria y de muy baja participación.
El Presidente argumenta que los 11 millones de pesos que se paga de salario a los Consejeros, es mucho dinero, pero eso no es nada si se considera que la señora Beatriz Gutiérrez Mueller, tiene una partida para ella sola de 32 millones de pesos; que el presidente y su familia viven en Palacio Nacional y eso tiene un costo mensual de 6 millones de pesos (72 millones de pesos al año) y tiene a su disposición 160 empleados.
El pasado 7 de noviembre se anunció que el INE contrato un seguro de gastos médicos mayores para sus empleados por un monto de 295 millones de pesos y el Presidente y sus voceros se escandalizaron; el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la República anunció que contrató un seguro de gastos médicos mayores por 440 millones de pesos (105 millones más caro que el del INE) y nadie se quejó ni lo consideró un gasto superfluo.
En medio de esta batahola que se formó en torno al INE, las “corcholatas” del presidente se lanzaron desaforados a una campaña electoral adelantada, con la eventualidad de que pasara la reforma constitucional electoral, el INE se abstuvo de emitir alguna sanción por el derroche de recursos públicos, los viajes, los eventos proselitistas, las marchas, las bardas pintadas y otras acciones que entran dentro del concepto de “campañas anticipadas”.
Sin embargo, cuando los ciudadanos salieron a marchar en su defensa y luego de que en legislativo se estableció que la iniciativa presidencial no tenía los votos suficientes para ser aprobada, el INE sacó los dientes.
Apenas el viernes 1 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó un plazo de 24 horas para que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se deslinde públicamente de la campaña ilegal de pintas, lonas, publicaciones en redes sociales que aparecen a su favor y que pretenden posicionarla como la candidata de Morena para la elección presidencial del 2024.
Eso se espera del INE que no deje a nadie se adelante y que de manera ilegal pretenda sacar ventaja. Ahí radica la importancia de tener órganos electorales autónomos, que hagan respetar la ley y no se intimiden ante nada ni nadie.
Eso no solamente es una regresión negativa; implica volver a las dudas sobre la limpieza de los comicios e implica que el gobierno sería juez y parte en los comicios electorales, pero además, al pasar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación es darle al gobierno en turno el control de los electores.
En su existencia como árbitro electoral, el INE ha organizado más de 300 procesos electorales, todos se resolvieron por la vía institucional, eso permitió que ahora la alternancia política se convirtiera en una regla y que el partido gobernante gane una de cada tres elecciones.
Es decir, el INE garantiza que los procesos electorales sean confiable y que los votos ciudadanos se cuenten bien y que cuenten, es decir que tengan el peso específico de la voluntad plasmada por los electores al cruzar las boletas.
El único gran escándalo que marcó la capacidad organizativa del INE fue la elección del 2006 y fue producto del coraje del ahora presidente López Obrador, tras perder la elección presidencial por un estrecho margen.
Sin embargo, estos que ahora buscan desaparecer al instituto electoral gobiernan gracias al proceso electoral sin mancha que organizaron el 2018 y a que el conteo de votos fue tan pulcro que le permitió a López Obrador asumir la presidencia de la República.
Si hay una institución que tiene la confianza de los ciudadanos es precisamente el INE. Al menos un 70 por ciento expresa que confían en los procesos que organiza; están convencidos de que sus votos serán bien contados y entienden que ejercer su derecho al voto garantiza transiciones democráticas apegadas a la legalidad.
El gran argumento del gobierno del presidente es que el INE resulta muy costoso; sin embargo ese precio que se paga por procesos electorales deriva de todos los candados que los propios partidos políticos han ido imponiendo para que la autonomía de la institución sea la punta de lanza para elecciones creíbles y equitativas.
Mucho se ha dicho que el INE es costoso, lo cierto es que su presupuesto ha venido a la baja: el 2021 ejercieron 20 mil millones de pesos, este 2022 su presupuesto fue de 13 mil 914 millones de pesos, una reducción de poco más de 6 mil millones de pesos y con una consulta nacional promovida por el Presidente de la República y que además de costosa fue innecesaria y de muy baja participación.
El Presidente argumenta que los 11 millones de pesos que se paga de salario a los Consejeros, es mucho dinero, pero eso no es nada si se considera que la señora Beatriz Gutiérrez Mueller, tiene una partida para ella sola de 32 millones de pesos; que el presidente y su familia viven en Palacio Nacional y eso tiene un costo mensual de 6 millones de pesos (72 millones de pesos al año) y tiene a su disposición 160 empleados.
El pasado 7 de noviembre se anunció que el INE contrato un seguro de gastos médicos mayores para sus empleados por un monto de 295 millones de pesos y el Presidente y sus voceros se escandalizaron; el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la República anunció que contrató un seguro de gastos médicos mayores por 440 millones de pesos (105 millones más caro que el del INE) y nadie se quejó ni lo consideró un gasto superfluo.
En medio de esta batahola que se formó en torno al INE, las “corcholatas” del presidente se lanzaron desaforados a una campaña electoral adelantada, con la eventualidad de que pasara la reforma constitucional electoral, el INE se abstuvo de emitir alguna sanción por el derroche de recursos públicos, los viajes, los eventos proselitistas, las marchas, las bardas pintadas y otras acciones que entran dentro del concepto de “campañas anticipadas”.
Sin embargo, cuando los ciudadanos salieron a marchar en su defensa y luego de que en legislativo se estableció que la iniciativa presidencial no tenía los votos suficientes para ser aprobada, el INE sacó los dientes.
Apenas el viernes 1 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó un plazo de 24 horas para que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se deslinde públicamente de la campaña ilegal de pintas, lonas, publicaciones en redes sociales que aparecen a su favor y que pretenden posicionarla como la candidata de Morena para la elección presidencial del 2024.
Eso se espera del INE que no deje a nadie se adelante y que de manera ilegal pretenda sacar ventaja. Ahí radica la importancia de tener órganos electorales autónomos, que hagan respetar la ley y no se intimiden ante nada ni nadie.
