Por Rafael Cano Franco

Algo falló y no lo corrigen
En cualquier lugar del mundo, incluso de México no hace mucho, que el cuerpo de una persona fuera quemado en una plaza pública no solamente sería un mensaje aterrador respecto a la descomposición social, también implicaría que los encargados de la seguridad pública fueran cesados de inmediato.

Pero eso no sucede en México y menos en Sonora.

En la comunidad de Benjamín Hill, a escasos 120 kilómetros de Hermosillo, el cuerpo de un hombre fue amarrado y luego quemado en la plaza del “ferrocarrilero”, en pleno centro de esa comunidad.

Absolutamente nadie se dio cuenta, menos las autoridades locales o estatales y solamente supieron del suceso e informaron al respecto, cuando un vídeo se volvió viral en redes sociales.

Según la versión oficial se trató de un eventual ajustes de cuentas, pero esta narrativa surge no de una investigación, más bien es producto de una cartulina que los asesinos dejaron cerca de la llamarada que alumbraba la noche de Benjamín Hill.

Pero aún tratándose de un ajuste de cuentas ¿eso justifica la carencia de seguridad pública? ¿así s como pretenden calmar los ánimos? Extendiendo la versión de que al tratarse de un ajuste de cuentas entonces no pasa nada porque “se están matando entre ellos”.

A pesar de que la narrativa del gobierno de Alfonso Durazo pretende imponer la versión de que tienen todo bajo control, de que han ido recuperando terreno frente a las bandas del crimen organizado, los hechos en la realidad muestran todo lo contrario.

Sucesos como el de Benjamín Hill exhiben que ni a nivel federal o estatal tienen los argumentos para oponerse a los grupos criminales que operan en la región y los cuales constantemente dan muestra de que están por encima de cualquier corporación policiaca e incluso del Ejército.

Lo más grave es que luego del suceso y de manejar una versión oficial, no se puede esperar mucho de la Fiscalía de Justicia de Sonora, un organismo que es muy bueno para difundir sentencias contra quienes roban vacas, son violentos con las mujeres, los que maltratan animales, pero no cuando se trata de investigar este tipo de situaciones, en estos casos todo se va al archivo muerto y ahí esperan a que “alguien caiga” para luego achacarle la responsabilidad y con ello tratar de mostrar resultados.

De la falta de equipo y personal para mantener una base operativa en esa comunidad, donde se han venido repitiendo este tipo de situaciones, así como en otras de la zona del desierto de Altar, ya ni hablar; la Secretaría de Seguridad Pública está ausente, como si no fuera su responsabilidad brindar un mínimo de protección a la población.

Casos como este pueden ser excepcionales, pero no lo es la violencia generalizada en esa zona y lo más grave es la carencia de autocrítica en las autoridades, quienes pareciera viven en otro mundo y ante este tipo de hechos de violencia lo que hacen es tratar de justificar la situación en lugar de contener a las bandas criminales y sus actos de terror.

¿Pero que se puede esperar de un gobernador metido en la grilla electoral? Porque si a su fiscal y a su secretaria de seguridad les importa poco lo que pasa, esto es producto de que la cabeza que gobierna está ocupada y ausente, no tiene el menor interés de atender el tema, sea por la razón que gusten: incapacidad o complicidad, cualquiera igual de preocupantes.

Desde hace varios meses municipios como Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena, Pitiquito, Átil, Oquitoa, Tubutama, Caborca y Plutarco Elías Calles, viven una escalada de violencia que tiene aterrados a sus habitantes.

La respuesta del gobierno ha sido parca y reactiva; no ignoran que existe una pugna entre grupos criminales, eso lo tienen claro, pero son incapaces de llegar a esa región y atacar a los grupos de montar operativos de control territorial; lo que hacen es ir un rato, aparentar que ya controlaron el problema para luego retirarse y volver a dejar en la indefensión a las comunidades  de la región.

Insisto, sucesos como el de Benjamín Hill deberían llevar a la renuncia de las autoridades encargadas de atender el tema, pero en México y Sonora eso es impensable, aquí se justifica y luego apuestan al olvido, como si no hubiera pasado nada, porque al final de cuentas siempre quedará la opción de maquillar las cifras y con ello tratar de sustentar una narrativa irreal, pero que sirve para seguir en el puesto a pesar de la evidente incapacidad.

Y más allá de los funcionarios responsables, la carga mayor recae en el gobernador que los mantiene en el cargo, a pesar de la obviedad de su fracaso.

Como dicen luego: “los iguales se juntan con los iguales”.