El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales —identificados con las siglas GC y GHC— acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas, principalmente electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de varios estados, de 2014 a 2026.

En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, expuso que gracias a labores de inteligencia de la ASF se detectó que, de ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales. Al INE corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, es decir, 11.3% del total.

“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas (...) Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”, dijo.

“Esta investigación comprende también a todos los organismos públicos locales, electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores”.

Adicionalmente, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Se detectaron registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos, ninguno.

Otra línea de investigación gira en torno a posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones en menoscabo del patrimonio público. “Estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.

De acuerdo con el informe, los OPLE que han signado contratos con estas empresas son el de Veracruz, con 484.4millones de pesos; Oaxaca, 370.3 millones; Coahuila, 306.3 millones; Puebla, 286.6 millones; Nuevo León, 253.9 millones; Baja California, 223.3 millones; Aguascalientes, 211 millones; Estado de México, 163.7 millones; Jalisco, 159.5 millones, y Yucatán, 151.1 millones.

El pasado 24 de octubre dio a conocer que la ASF abrió una investigación de oficio en contra del INE por probables daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que le fueron observados desde el año pasado y no logró solventar, además de diversas irregularidades que incluyen pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o de reciente creación, así como contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.

Entre los hallazgos de la auditoría que se hará pública en febrero de 2027, destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación. La ASF detectó que, con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.

La indagatoria revela casos graves de conflicto de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios activos.

De igual forma, se descubrió que 131 proveedores del INE omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y pese a ello se les continuó dando contratos.

El contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que, en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han sido otorgados a un grupo de empresas que “han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”.

Reiteró que las empresas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México.

Esta última empresa fue una de las principales proveedoras de la anterior administración del INE. Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde el año 2015, y entre 2011 y 2016 en el IFE formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.

“Hay otra empresa, Plásticos y Metales MYC S.A. de CV., desde 2003 esa empresa ha obtenido contratos con el entonces IFE y el ahora INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos. Casualmente participa con la empresa que nosotros ya fiscalizamos, con JVLY, es decir, hay una relación de muchos años atrás”, reiteró.

El contralor reveló que son 20 los OPLE que han tenido contratos con estas empresas, siendo éstos los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“Este no es un asunto estricto del INE, es un asunto de todos los órganos electorales”, insistió Carvente Contreras.

Los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas en actos de corrupción son José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitia, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez y Laura Velázquez Sánchez.

“Todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas”, informó el contralor.

Al término de su comparecencia, Carvente Contreras aseguró que en 18 meses “hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión”.

“Se hicieron 2 mil 776 recomendaciones en 194 auditorías en la gestión anterior. En la gestión actual nosotros hemos hecho 3 mil 307 recomendaciones en sólo 27 auditorías, el promedio de recomendación por auditorías es de 112.5, mientras que en la pasada eran 14.3 recomendaciones”, concluyó.

ASF asegura archivos de Territorium Life
La Auditoría Superior de la Federación realizó el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa Territorium Life, que realizó el examen para ingreso a licenciatura de la UNAM, para preservar las pruebas.

El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel informó a la Cámara de Diputados que se realiza la investigación por las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para la aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Por lo cual, estamos procediendo en los términos legales contra las autoridades universitarias y particulares responsables del fracaso de la aplicación del examen”, dijo el funcionario en el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.

Destacó que por primera vez en la historia de la ASF “logramos el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio. Mediante un mecanismo jurídico innovador con el fin de conservar las pruebas fundamentales para nuestra investigación”.

Recordó que las mismas autoridades universitarias, encabezadas por el rector Leonardo Lomelí, solicitaron la intervención de este órgano de fiscalización y otorgaron todas las facilidades para lograr que la investigación rindiera frutos de manera inmediata.

“Con esto, el mensaje es claro. La suscripción de un contrato gubernamental es una corresponsabilidad en la prestación de un servicio público. Quien lo firma asume una obligación ante la ciudadanía y el Estado mexicano”.

Este año, la UNAM estableció que el proceso para ingresar a la licenciatura se realizaría por primera vez de forma completamente virtual, pero tuvo que ser anulado cuando se denunciaron fallas masivas en la plataforma digital, trampas sistemáticas y suplantación de identidad asistida por inteligencia artificial.

A raíz de esa situación, la empresa que operó los exámenes en línea, Territorium Life, fue sujeta a investigación por fallas en la vigilancia, control, resguardo de reactivos y sospechas de irregularidades o filtraciones.

En agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que terminará de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026, cuestionado por presuntas trampas.

Además, el procedimiento se sometería a tres auditorías: una elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, la segunda a cargo del Órgano Interno de Control de la Máxima Casa de Estudios, y una más por un despacho independiente. Al momento no se ha dado a conocer el resultado de las mismas.

En Nuevo León y Sinaloa hallan triangulación de recursos a familiares
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que en los estados de Nuevo León y Sinaloa se identificaron esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago de proveedores.

En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, mencionó que el destino final de esos recursos “estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.

Respecto al caso de Sinaloa, expuso una gráfica donde señala que entes públicos estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal.

Aureliano Hernández Palacios informó que se presentaron 374 informes individuales de auditoría correspondientes a 42 auditorías a municipios, 286 a entidades federativas y 46 a entes del orden federal.

“Como resultado de estas revisiones, identificamos más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno”, indicó.

Entre los hallazgos del orden federal destaca el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, donde se identificaron movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, así como en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sumando entre ambos casos, un monto observado por 2 mil 327 millones de pesos, los cuales deberán acreditar en las distancias correspondientes del proceso de fiscalización.

Agregó que las auditorías a entidades federativas registraron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar. principalmente en los sectores educativo y de salud. Además, “es importante señalar que ante la conclusión de nuestras revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos. principalmente Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California”, dijo.

“En este caso, el sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. Hablamos de que estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, de insumos médicos, de equipamiento y mejorar las condiciones de atención para la población”, agregó el funcionario.

Expuso que en las 42 auditorías municipales donde revisaron 100% de los recursos otorgados a esos gobiernos “el resultado es relevante, ya que más de 5 mil 200 millones de pesos quedaron sin acreditar su destino, es decir, la totalidad de los recursos federales asignados a estos 42 municipios no pudieron ser acreditados ante la ASF”.

En materia penal, informó que en solamente seis meses del inicio de su gestión se han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

“Todas han sido judicializadas, rompiendo un hito histórico que por primera vez en el corto tiempo logramos tener todas en un proceso de judicial”, concluyó.