En el marco del Día Nacional del Periodista, comunicadores se concentraron en el Hemiciclo a Juárez, en el Paseo Juárez El Llano, donde advirtieron que la libertad de expresión enfrenta amenazas reales y crecientes. Durante el acto, se afirmó que un Estado democrático se sostiene en el respeto a los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión y al derecho a la información, sin los cuales no hay rendición de cuentas ni justicia.

 

Se señaló que ningún servidor público, de ningún nivel de gobierno, debe utilizar las leyes, las instituciones ni los recursos del Estado para perseguir, intimidar o silenciar a periodistas o medios por ejercer su trabajo. Se subrayó que el periodismo no es un privilegio ni una concesión del poder, sino un derecho de la sociedad que permite vigilar al poder público, defender derechos humanos y dar voz a sectores históricamente ignorados.

 

Durante las intervenciones se advirtió que criminalizar el periodismo debilita el Estado de Derecho, que usar la ley para castigar la crítica constituye censura y que intimidar a la prensa es una señal de retroceso democrático. Se mencionaron los casos registrados en Veracruz y Campeche, así como los intentos de impulsar leyes restrictivas en Puebla, como ejemplos de un patrón de intolerancia a la crítica y de uso del aparato legal para inhibir la labor informativa.

 

El gremio alertó que estos hechos envían un mensaje peligroso: que informar puede tener consecuencias penales, lo cual es inaceptable en un país que se asume democrático. Desde el acto público se exigió el cese de la criminalización del ejercicio periodístico y el alto a la persecución, intimidación y agresiones contra periodistas.

 

También se anunció que se dará aviso a instancias internacionales de derechos humanos sobre la situación que enfrenta la prensa en México, al considerar que está en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada. Se llamó a la unidad del gremio, a no normalizar la persecución y a ejercer solidaridad activa entre periodistas de todas las regiones y plataformas.

 

Finalmente, se reiteró que el periodismo, la crítica y el derecho a informar no son delitos, y que cuando se ataca a un periodista se agrede a toda la sociedad. Se exigió a las autoridades de todos los niveles el respeto pleno a la libertad de expresión, el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y se afirmó que la palabra libre y la unidad del gremio son herramientas esenciales para la democracia.