17/12/2025 04:54
Chihuahua, Chih.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones financieras contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización criminal con base en Guanajuato señalada por obtener la mayor parte de sus ingresos ilícitos mediante el robo de combustible y petróleo.La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanza a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el huachicol se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento no relacionadas con drogas para los cárteles mexicanos.
Estas redes criminales operan mediante sobornos a personal de Pemex, tomas clandestinas, robo de pipas y contrabando de crudo hacia Estados Unidos, donde es introducido con documentación falsa para su posterior comercialización en el mercado energético.
El CSRL surgió alrededor de 2014 y se consolidó en la región conocida como el “Triángulo de la Bermuda”, zona estratégica por la presencia de refinerías y oleoductos. La disputa violenta con el Cártel Jalisco
Nueva Generación por el control del combustible elevó de manera significativa los niveles de homicidios en Guanajuato, hoy considerado uno de los estados más inseguros del país.
Las investigaciones también vinculan al CSRL con alianzas criminales con otros grupos delictivos y con el reclutamiento de exmilitares y mercenarios extranjeros.
Además del robo de hidrocarburos, la organización ha participado en actividades de narcotráfico, incluyendo el envío de heroína hacia territorio estadounidense.
Además del robo de hidrocarburos, la organización ha participado en actividades de narcotráfico, incluyendo el envío de heroína hacia territorio estadounidense.
Con estas sanciones, todos los bienes y activos vinculados al CSRL y a “El Marro” en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier tipo de transacción con los señalados.
El gobierno norteamericano subrayó que estas acciones buscan debilitar financieramente a las organizaciones criminales y reducir su capacidad de operación transnacional.
