17/10/2025

La reforma a la Ley de Amparo, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, ha generado preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos, quienes advierten un retroceso en las garantías de los ciudadanos frente al poder público.

Aunque el discurso oficial del gobierno federal insiste en que los cambios buscan modernizar y agilizar los procesos, expertos sostienen que la reforma erosiona el acceso a la justicia.

Entre los principales ajustes destacan:

Digitalización total del juicio de amparo, equiparando expedientes electrónicos con físicos.

Reducción de plazos procesales, con solo 90 días naturales para emitir sentencia.

Rechazo expedito de recusaciones consideradas infundadas.

Nuevos criterios de interés legítimo, más amplios pero también ambiguos.

Restricciones en medidas cautelares, privilegiando el “interés social” sobre derechos individuales.

Los especialistas también señalan riesgos específicos: la posible retroactividad en casos en curso, la suspensión fiscal condicionada a garantías económicas y el debilitamiento del derecho de defensa frente a actos que pueden causar daños irreparables.

Mientras la narrativa oficial subraya eficiencia y digitalización, críticos advierten que la reforma busca blindar al gobierno frente a litigios que han frenado megaproyectos, reformas fiscales y actos administrativos. Incluso, durante el debate legislativo, algunos diputados oficialistas resumieron la postura con la frase: “al diablo con su amparo”.

Organizaciones civiles ya preparan acciones de inconstitucionalidad y amparos colectivos, mientras abogados y ciudadanos se enfrentan a un nuevo escenario legal en el que el amparo, históricamente un escudo contra el abuso, corre el riesgo de convertirse en un simple trámite.