15/10/2025
GAPUn Juzgado Federal concedió la suspensión definitiva a 15 integrantes de la red estatal Cruzada por la Familia, para evitar que no se les obligue a proporcionar sus datos biométricos y sensibles para la integración de su cédula única de registro de población (CURP), mismo que será documento obligatorio, y nacional de identificación.
Esta decisión se une a la ola de resoluciones de amparos que se interpusieron en más de 15 estados del país, en donde el Poder Judicial Federal ha otorgado suspensiones provisionales en algunos casos y definitiva en otros, como en Chihuahua.
El coordinador de Cruzada por la Familia, José Medrano Carrasco dijo que esta ley viola los derechos humanos a la libertad y la privacidad, es por ello que se solicitó se declare el acto de autoridad como inconstitucional y en su momento haga precedente.
Por su parte, el presidente de Conciencia Social, Fco. Javier Valenzuela Casas indicó que algunas de las entidades donde se interpusieron amparos son Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.
Ambos líderes sociales coincidieron que el acto de autoridad, que habrá de ser obligatorio para todo mexicano, es un intento del actual gobierno federal por concentrar toda esta información y utilizarlo con fines ideológicos y partidistas.
Cabe destacar que la nueva CURP vendrá a sustituir al INE y se exigirá en cualquier trámite público y privado que se realice, de tal manera que el gobierno centralizará y dispondrá de todos nuestros datos sensibles en una Plataforma Única de Identidad.
Esta plataforma se alimentará con cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud física y mental, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos, los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como toda institución privada que administre registros o bases de datos de personas.
Pero lo más grave es que tendrán acceso a nuestra geolocalización, es decir, podrán saber en donde estuvimos, con quien nos reunimos y en donde nos encontramos en tiempo real, lo cual es una clara invasión a la privacidad.
La obligación de los ciudadanos en proporcionar los datos biométricos, datos sensibles, es un intento del partido en el poder, Morena, para consolidar la dictadura; Estas prácticas de hipervigilancia no son aisladas, sino son parte del ABC del Foro de Sao Paulo, en el que se centraliza y concentra toda la información de la población para un mayor control; Tal situación es un peligro para México y los mexicanos.
Aunque se menciona el "consentimiento previo" para la integración de datos biométricos a la CURP, la obligatoriedad de este documento para "todo trámite y servicio" convierte el consentimiento en meramente formal, ya que los ciudadanos se ven forzados a otorgarlo para no ver restringido su acceso a derechos fundamentales y servicios básicos.
Además, la existencia de este sistema de identificación y vigilancia universal y permanente genera un "efecto amedrentador" sobre el ejercicio de otras libertades fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y movimiento.
Cabe destacar que la Plataforma Única de Identidad será administrada por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Esto implica que el Estado tendrá posesión directa y centralizada de una cantidad masiva de datos sensibles de la población, lo que intensifica la percepción de una vigilancia generalizada y aumenta el riesgo de arbitrariedad y abuso.
