“Los acusados —extranjeros que residen en EE.UU.— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y así asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, declaró el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Criminal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

 

Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente en EE.UU., y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, residente de Spring, Texas, también ciudadano mexicano y residente legal permanente en EE.UU., junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP con el fin de obtener y retener negocios para empresas asociadas con Rovirosa.

 

Entre al menos 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo —incluidos productos de Louis Vuitton y relojes Hublot—, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP, a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas vinculadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con dichas entidades. Estas ventajas indebidas habrían permitido que las empresas asociadas con Rovirosa obtuvieran contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, Rovirosa tendría presuntos vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

 

Rovirosa y Ávila enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres cargos por violaciones sustantivas de la FCPA. De ser declarados culpables, cada acusado podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE.UU. y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa fue presentado ante el tribunal. Ávila sigue prófugo.

 

El FBI y el HSI investigan el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó apoyo crucial.

 

Los fiscales Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream, de la Sección de Fraude de la División Criminal, junto con el fiscal federal adjunto Brad Gray, del Distrito Sur de Texas, están a cargo del caso.

 

La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar casos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés). Más información sobre los esfuerzos de aplicación de estas leyes se encuentra disponible en: www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

 

Una acusación es solo una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.