11/07/2025
-Llega al Congreso iniciativa presidencial para expedir un tipo penal para el país
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma para dar facultad al Congreso de la Unión de legislar y expedir un tipo penal de la extorsión que aplique a nivel nacional.
Bajo el argumento de que las leyes locales tienen “deficiencias”, el proyecto plantea permitir que el Congreso federal legisle en la materia, a fin de contar con una sola ley homologada para las 32 entidades federativas.
“El delito de extorsión es de jurisdicción concurrente, se encuentra previsto tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de las entidades, lo que conlleva que esté regulado generalmente con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus calificativas, agravantes, modalidades y penalidades”, explica el proyecto.
Lo anterior, puntualiza, impide contar con una “homologación de las penas”, lo que al mismo tiempo impide el combate eficaz de este delito a nivel nacional.
“Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima; rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos. Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. Esta disparidad debe ser corregida”, advierte el texto.
Las diferentes legislaciones también varían en las multas impuestas contra la extorsión.
Estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala manejan un rango de multas que oscila entre 36 mil y 86 mil pesos, pero Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas cuentan con rangos que van de 77 a 130 mil pesos.
En el Código Penal de la Ciudad de México las multas van de 226 mil a 340 mil pesos, y en Coahuila existe el rango con las cifras más altas, de 345 mil a 691 mil pesos.
“Lo cierto es que ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente las complejidades de este delito, por el contrario, exponen las deficiencias previamente descritas. El Estado debe ofrecer a la sociedad una estrategia eficaz en lo concerniente”, agrega la iniciativa.
El proyecto dice que, derivado de lo anterior, “se requiere la expedición de un marco legal que de manera homogenizada fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades”.
La propuesta faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Detalla que lo anterior resulta urgente porque la extorsión es recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para obtener ingresos económicos considerables.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sólo comprenden las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11 mil 39, 10 mil 950 y 10 mil 804 víctimas de extorsión, respectivamente.
“La incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones y en enero de 2025 un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento de 57.62% en seis años”, advierte el documento enviado por el Ejecutivo federal.
Con Información de EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma para dar facultad al Congreso de la Unión de legislar y expedir un tipo penal de la extorsión que aplique a nivel nacional.
Bajo el argumento de que las leyes locales tienen “deficiencias”, el proyecto plantea permitir que el Congreso federal legisle en la materia, a fin de contar con una sola ley homologada para las 32 entidades federativas.
“El delito de extorsión es de jurisdicción concurrente, se encuentra previsto tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de las entidades, lo que conlleva que esté regulado generalmente con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus calificativas, agravantes, modalidades y penalidades”, explica el proyecto.
Lo anterior, puntualiza, impide contar con una “homologación de las penas”, lo que al mismo tiempo impide el combate eficaz de este delito a nivel nacional.
“Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima; rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos. Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. Esta disparidad debe ser corregida”, advierte el texto.
Las diferentes legislaciones también varían en las multas impuestas contra la extorsión.
Estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala manejan un rango de multas que oscila entre 36 mil y 86 mil pesos, pero Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas cuentan con rangos que van de 77 a 130 mil pesos.
En el Código Penal de la Ciudad de México las multas van de 226 mil a 340 mil pesos, y en Coahuila existe el rango con las cifras más altas, de 345 mil a 691 mil pesos.
“Lo cierto es que ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente las complejidades de este delito, por el contrario, exponen las deficiencias previamente descritas. El Estado debe ofrecer a la sociedad una estrategia eficaz en lo concerniente”, agrega la iniciativa.
El proyecto dice que, derivado de lo anterior, “se requiere la expedición de un marco legal que de manera homogenizada fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades”.
La propuesta faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Detalla que lo anterior resulta urgente porque la extorsión es recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para obtener ingresos económicos considerables.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sólo comprenden las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11 mil 39, 10 mil 950 y 10 mil 804 víctimas de extorsión, respectivamente.
“La incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones y en enero de 2025 un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento de 57.62% en seis años”, advierte el documento enviado por el Ejecutivo federal.
Con Información de EL UNIVERSAL
