Avanza caso de peculado por 98.6 millones; emiten nuevas órdenes de aprehensión
10/07/2025 12:11
CHIHUAHUA, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado presentó avances en la investigación por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario público, caso que ha sido reclasificado como delito de peculado agravado. Así lo informó el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín durante un desayuno informativo con medios de comunicación.
En la carpeta de investigación están implicados el exsecretario de Hacienda, un particular identificado como C.P.L., y el actual titular del Ejecutivo estatal, quien por ahora mantiene fuero constitucional.
El caso se originó tras una auditoría de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó pagos millonarios al despacho jurídico López Díaz, por supuestos servicios relacionados con la deuda pública estatal. No se encontraron entregables que justificaran los pagos, y de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, dicha contratación era improcedente.
En un inicio, la ASE consideró los hechos como uso ilegal de atribuciones, un delito que podía prescribir fácilmente. Sin embargo, la Fiscalía reclasificó la acusación como peculado agravado, con base en pruebas documentales, peritajes, análisis contables y declaraciones ministeriales.
Con este sustento, se emitieron dos nuevas órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el desvío. Uno de ellos, identificado como A.F.V., promovió un amparo en mayo de 2023 para frenar la acción penal. No obstante, el 3 de julio pasado, un juez federal ratificó la legalidad de la orden de captura.
“El compromiso de esta Fiscalía es claro: llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias, con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos”, afirmó Valenzuela.
Agregó que ninguna carpeta ha sido desechada por los tribunales y que los amparos promovidos han sido resueltos a favor del Ministerio Público. También destacó que la investigación ha alcanzado todos los niveles de responsabilidad, desde quienes autorizaron los pagos hasta quienes se beneficiaron directamente.
“Nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo o posición que haya ocupado”, concluyó el fiscal.
