Ciudad de México.-  La imagen de Andrés Manuel López Obrador abordando un jet privado ha provocado indignación en redes sociales y medios nacionales. El exmandatario, quien durante años hizo de la austeridad una bandera política, ahora aparece utilizando los lujos que tanto criticó, mientras pesan sobre su administración múltiples señalamientos de desvío multimillonario de recursos públicos.

Según datos documentados por organismos y medios independientes, durante su sexenio se perdieron recursos públicos equivalentes a cientos de miles de millones de pesos. El caso más emblemático: los 157 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), que estaban destinados a tratar enfermedades graves como el cáncer, y cuya transferencia a la Tesorería de la Federación resultó en una desaparición contable sin destino transparente.

Un saqueo institucionalizado

A esta cifra se suman otros desfalcos graves:

350 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, acumulado desde el año 2000.

68 mil 400 millones de pesos extraídos tras la extinción de 109 fideicomisos públicos, que financiaban ciencia, cultura, desastres naturales y salud.

El escándalo de Segalmex, con más de 20 mil millones de pesos desaparecidos, convertido en uno de los fraudes más grandes en décadas.

Las irregularidades en Birmex, con operaciones opacas en compra y distribución de medicamentos.


Criminología del poder: cuando el discurso oculta la impunidad

Desde una perspectiva criminológica, el fenómeno expone una modalidad de crimen institucional: el uso del aparato gubernamental para concentrar poder y recursos mediante mecanismos legales pero con fines ilegítimos.

El delito de peculado y el uso indebido de recursos públicos están contemplados en el Código Penal Federal, artículos 223 y 224, y la responsabilidad del Ejecutivo no desaparece con el término de su mandato. Además, el artículo 215 bis agrava la pena por ser servidor público encargado de velar por la legalidad y la justicia. La omisión, simulación y uso discrecional de fondos en perjuicio de la ciudadanía puede configurar responsabilidad penal nacional e internacional, especialmente si se vinculan con afectaciones a derechos fundamentales como la salud (Cámara de Diputados, 2024).

Conclusión: ¿dónde está el dinero?

El jet privado no es solo una contradicción ideológica. Es un símbolo. Representa la caída del discurso de la “austeridad republicana” y la confirmación de que la corrupción bajo Morena no solo no se erradicó: se institucionalizó.

El daño no es sólo económico. Es moral. Es estructural. Y será histórico.